El Gobierno aprueba una subida de las pensiones en 2020 del 0,9 % desde el 1 de enero.
Entre otras medidas en el área laboral, tal como el progresivo incremento del SMI, el nuevo Gobierno se ha propuesto también como una de las áreas de más urgente intervención la actualización de las pensiones y profundos cambios en el sistema de cálculo de las pensiones. La subida de las pensiones en 2020 ha sido una de las primeras novedades en aterrizar en el nuevo escenario laboral.
El nuevo Ejecutivo tiene prevista la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado en el plazo máximo de 3 meses. Aún así, en el primer Consejo de Ministros ha anunciado ya una subida del 0,9% de las pensiones desde el 1 de enero de 2020; subida que se verá materializada ya en el mes de febrero. Los atrasos correspondientes al mes de enero se incluirán en la paga del mes de febrero.
Una vez aplicada esta revalorización, la pensión mínima de jubilación para mayores de 65 años, con cónyuge a cargo, alcanza los 843,40 euros al mes, distribuido en 14 pagas (11.807,60 anuales). En la práctica esto supone un incremento de tan solo 7,5 euros mensuales. Por su parte, la pensión máxima ascenderá a 2.683,34 euros al mes (37.566,76 euros anuales), tras aumentar en 23,93 euros mensuales. Mientras, la pensión media de jubilación alcanzará los 1.153,84 euros mensuales (10 euros más al mes).
En líneas generales, la pensión media del sistema (que incluye jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente y a favor de familiares) aumentará casi 9 euros, hasta alcanzar los 1.004,7 euros, frente a los 995,7 a los que se situó en diciembre.
Este incremento de las pensiones, en cómputo global, supondrá un coste anual de 1.406 millones de euros.
El incremento anunciado en el primer Consejo de Ministros en realidad supone tan solo un primer paso en la reforma integral del sistema de pensiones.
Previsiblemente, el nuevo sistema de cálculo planeado pretende garantizar una actualización permanente de la cuantía de las pensiones acorde con I.P.C. real de cada año. Se persigue así controlar la pérdida del poder adquisitivo de los titulares de pensiones mínimas y no contributivas. Para ello, está prevista -entre otras medidas- la eliminación del Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones.
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